En la Convención, jugando con fuego

Sergio Lehmann

La Constitución define el marco legal para avanzar en el desarrollo del país, de forma inclusiva, con igual de oportunidades, respetando a cada uno de sus habitantes, para garantizarles mejoras en su bienestar y calidad de vida de manera segura y responsable. El mandato para la Convención Constitucional va precisamente en esa dirección, lo que permitiría crear además una suerte de símbolo que uniera a los chilenos, dejando atrás la profunda crisis que desarrolló el estallido social de 2019. Pero algunas de las propuestas que han emanado hasta ahora parece ignorar su esencia más fundamental.

Tras las elecciones que dieron como resultado un equilibrio casi absoluto en el Congreso, sumado a la moderación que se convirtió con pragmatismo el Presidente electo Gabriel Boric, todo hacía antes que las propuestas para una nueva Constitución buscaran amplios consensos y una mirada responsable de largo plazo. Pero hasta ahora eso no se ha visto. Desde sectores radicales ha predominado un espíritu refundacional de las instituciones, cuyos alcances podrían ser devastadores para la convivencia nacional y el desarrollo económico.

El reconocido libro "Por qué fracasan las naciones", de Daron Acemoglu y James Robinson, reconoce, en un estudio publicado hace ya diez años, que el elemento clave para el éxito o decadencia de un país en materia de desarrollo es la fortaleza de su institucionalidad. El marco que genera el espacio y los incentivos para emprender, innovar y avanzar. Precisamente el factor que ha permitido a Chile destacar en las últimas décadas y diferenciarse entre las economías emergentes en términos de crecimiento y avances sociales. Estamos con fuego jugando y pareciera que un grupo de constituyentes no lo advierte, elevando el riesgo de que la propuesta constitucional que nos entreguen sea un fiasco.

Mientras el pilar institucional hoy está siendo cuestionado, se relegan a un lugar secundario en el debate aspectos clave para el desarrollo de Chile que deberían ser parte fundamental de la Constitución. Entre ellos, que la economía digital se reconozca como un eje central de futuro, estableciendo derechos en materia de conexiones a Internet, un Estado digital y la alfabetización tecnológica. Esto permitiría dar un salto potente en productividad y ampliar las oportunidades para cada chileno. Asimismo, el libre emprendimiento debe ser consagrado en la nueva Constitución, reconociendo el círculo virtuoso que genera en materia de emprendimiento, tecnología e innovación.

Esto requiere de políticas públicas que apoyen a las nuevas empresas, a través de soporte financiero, un marco moderno para la capacitación y una institucionalidad en el área de la investigación que facilite la transferencia desde la academia hacia las empresas. Cabe consignar que las PYME, hacia s que deben orientarse estas políticas, concentran 65% del empleo y constituyen un eslabón clave para el desarrollo.

Pueda ser que en los pocos meses que aún restan para que se entregue la propuesta constitucional primen la racionalidad y la mirada de largo plazo, pensando también en las futuras generaciones. La Constitución no es el espacio para empujar slogans populistas, ideologismos añejos o pueden resultar que no se reconozcan la realidad ni contextos. Es más bien el espacio en el que cada uno se sienta representado en materia de derechos, pero obligaciones, que permitan construir un camino que nos lleve a un mayor bienestar social y en el que cada cual pueda esforzarse con alcanzar sus sueños.